26 años del arresto de Pinochet en Londres: hay 1.500 causas abiertas contra exmilitares y solo 350 condenas

Según el artículo “Reparación simbólica, trauma y victimización: la respuesta del Estado chileno a las violaciones de Derechos Humanos (1973-1990)” desde el cierre de las Comisiones de Verdad y reconciliación en 2011 se instaló “un  proceso de reparación en una condición de suspensión perpetua, caracterizada por las múltiples ambigüedades con que el Estado chileno se ha posicionado frente a la dimensión colectiva y social de su responsabilidad como perpetrador de violencia”.

Por Jimena Améstica

1998 fue un año clave para el avance de las causas judiciales contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos de la dictadura chilena. Como un hecho sin precedentes, se realizó la presentación de querellas directas en contra de Augusto Pinochet, las mismas que tendrían como consecuencia su detención en Londres. Han transcurrido 26 años desde este episodio.

Como recordó Amnistía Internacional en 2013, “jueces británicos resolvieron que Pinochet debía ser extraditado a España, pero esa extradición no llegó a producirse. El entonces ministro del Interior, Jack Straw, ordenó en el año 2000 su liberación por motivos de salud, después de que un controvertido examen médico declarara que no estaba en condiciones de comparecer ante un tribunal. Pinochet regresó libre a Chile”. El dictador sumó más de 300 querellas en su contra por las que nunca recibió una condena.

No obstante, no se detuvieron las querellas, y el proceso que coincidió, según los Expedientes para la Represión, con “un cambio en la composición de la Sala Penal de la Corte Suprema”, máximo tribunal que a la vez determinó desestimar la ley de amnistía impuesta en 1978 por Pinochet para evitar llevar a juicio a los agentes del Estado. 

Así, desde la década de los 90 hasta la actualidad existen alrededor de 1.500 causas penales abiertas contra ex militares. Sin embargo, solo 350 de ellas han concluido con una sentencia condenatoria. Es en este escenario que surge una crítica sostenida contra el rol del Estado.

Según indicó Javiera  Bustamante-Danilo y Alejandra Carreño-Calderón en su trabajo “Reparación simbólica, trauma y victimización: la respuesta del Estado chileno a las violaciones de Derechos Humanos (1973-1990)” desde el cierre de las Comisiones de Verdad y Reconciliación en 2011 se instaló “un  proceso de reparación en una condición de suspensión perpetua, caracterizada por las múltiples ambigüedades con que el Estado chileno se ha posicionado frente a la dimensión colectiva y social de su responsabilidad como perpetrador de violencia”.

En específico, las autoras sostienen que las medidas que ha tomado el Estado en cuanto a las víctimas de la dictadura han sido “beneficios” entregados sobre la base de un “paradigma económico” caracterizado por otorgar pensiones y atención sanitaria, pero ha quedado la deuda de una “dimensión jurídica y colectiva del proceso reparatorio, así como las garantías de no repetición promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y asumidas en primera instancia por Chile”.

Y por ello, añaden “se ha abierto un espacio de impunidad en el que han podido ampararse los carnífices, reduciendo sus condenas efectivas y sumiendo las informaciones entregadas al Estado sobre el paradero de (detenidos) desaparecidos en un régimen de silencio”.

Incluso, además de los beneficios solicitados por los condenados para reducir sus condenas, argumentando en su mayoría problemas de salud física y mental debido a su avanzada edad, una investigación periodística del medio nacional Ciper comprobó que agentes secretos que trabajaron en la DINA y la CNI siguieron una carrera normal en las policías y las Fuerzas Armadas tras el retorno a la democracia. 

Según el reportaje de Mauricio Weibel, Catalina Olate, Soledad López y Valentina Valenzuela en 2022 “al menos 827 exagentes de los organismos represivos de la dictadura provenían de las policías y Ejército. Muchos de ellos volvieron a sus instituciones de origen y tras el retorno de la democracia siguieron haciendo carrera en ellas”. Algunos de ellos, agrega el artículo “llegaron a ocupar cargos de dirección. Incluso, varios siguieron contratados, como civiles, después de jubilarse. Entre los exagentes que volvieron a las filas sin enfrentar cuestionamientos, hubo algunos que trabajaron en inteligencia y en la formación de nuevas generaciones de policías”.

Lo expuesto dejaría en evidencia las labores pendientes y explicaría la posición que tomaron las organizaciones de derechos humanos para continuar exigiendo durante las últimas décadas que las instituciones sancionen a los perpetradores, desestimen sus peticiones de indultos y continúen buscando a los detenidos entre 1973 y 1990, cuyo paradero continúa sin ser revelado por los agentes.