Amnistía Internacional y formalización de Yáñez, Rozas y Olate: “En adelante los jefes de las policías cuando les toque enfrentar protestas se sentirán algo menos intocables”

El director ejecutivo de la organización, Rodrigo Bustos, valoró en conversación con El Arrebato la imputación de cargos en contra de los altos mandos de Carabineros por el delito de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social de 2019. Al respecto, comentó que es “un hito fundamental” para Chile y América Latina: “Tenemos el convencimiento que existe mucha documentación y evidencia que respalda este paso procesal”.

Por: Jimena Améstica Zavala

Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un nuevo informe sobre el estallido social de 2019 y el actuar de los altos mandos de las policías en contra de los manifestantes. Se trata del documento “Obligaciones de derecho internacional de investigar y sancionar a los responsables jerárquicos de violaciones de derechos humanos”.

El documento se difundió poco antes de la formalización por el delito de omisión de apremios ilegítimos que enfrentó esta semana el ex general director de Carabineros, Mario Rozas, junto al recién renunciado mandamás de la institución, Ricardo Yáñez que en la época fue director nacional de Orden y Seguridad. Asimismo, se imputaron los mismos cargos al exsubdirector general Diego Olate Pinares.

Entre las conclusiones, la ONG zanjó que los altos mandos “tenían el control efectivo sobre sus subordinados no sólo formalmente, sino también de facto y, por ende, tenían la capacidad y la autoridad de hacer cesar las violaciones de sus subalternos”.

Sin embargo, aunque Rozas, Yáñez y Olate pudieron “evitar la comisión generalizada de violaciones del derecho a la integridad personal de cientos de personas prohibiendo el uso de munición altamente dañina, modificando los protocolos de actuación, la planificación de los operativos, las órdenes verbales y escritas emitidas a diario, o sancionando a aquellos subalternos con claros indicios de haber estado involucrados en violaciones de derechos humanos, no lo hicieron”.

En conversación con El Arrebato, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai insistió que a días de que se cumplan cinco años desde el estallido social y en cuanto a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de policías y militares, el escenario es de “mucha impunidad”, pues “los órganos que debían investigar con exhaustividad y oportunidad no lo hicieron debidamente“.

Con ello, aseguró que “en muchos casos, por la forma en que se utilizó la escopeta anti disturbios, ha sido complejo determinar quién fue el funcionario de Carabineros responsable de causar lesiones a quienes se manifestaban”. Por lo mismo, replicó que “es fundamental la formalización de los mandos de Carabineros por sus omisiones que generaron las violaciones a los derechos humanos”.

Sobre la formalización, el director destacó que se trata de “un hito fundamental” para Chile y América Latina, pues “en adelante los jefes de las policías cuando les toque enfrentar protestas se sentirán algo menos intocables. Desde Amnistía Internacional tenemos el convencimiento que existe mucha documentación y evidencia que respalda este paso procesal. Ya habrá tiempo para que continúe la investigación, los tres ex generales imputados se puedan defender y se avance en esclarecer su responsabilidad”.

CRIMINALIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y NEGACIONISMO

Consultado sobre la realidad actual de víctimas y sobrevivientes, Bustos aseguró que “han estado abandonadas y se sienten abandonadas. Es verdad que se les ha criminalizado. Y eso sin duda ha sido una re victimización. Ello es más grave aun considerando que en parte esos relatos han sido de autoridades del Estado, particularmente de algunos parlamentarios”.

En esta línea, recordó la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, insistiendo que “nuestra memoria como sociedad es frágil y que ha avanzado el negacionismo. El hecho de que también no tengamos un acuerdo mínimo sobre el reproche a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido nos muestra que nos falta mucho por avanzar en consensos mínimos civilizatorios. Queda mucho trabajo por hacer“.

No obstante, acotó que la formalización de los tres ex mandos estratégicos de Carabineros “nos da algo de esperanza de que podamos ir construyendo un camino de no repetición que sea más robusto. Pero también es esencial avanzar en educación en derechos humanos y en una memoria compartida”. Todo esto, precisó, con el fin de evitar que “nuevamente podamos estar en un contexto de graves y masivas violaciones a los derechos humanos“.

GOBIERNO, PERMANENCIA DE YÁÑEZ Y REFORMA

Bustos, también cuestionó al Gobierno de Gabriel Boric por mantener a Ricardo Yáñez en su puesto como general director de Carabineros. “Fue un error y no se condice con el discurso de defensa de los derechos humanos que se ha sostenido”, planteó. Y es que, además de insistir en que “fue una muy mala señal” dado el carácter de las imputaciones, su permanencia “dificultó que se avanzara en la investigación pues muchas veces Yáñez no prestó declaración excusándose en funciones institucionales”.

A esto se suma el estancamiento de la promesa de reforma a las policías. Según el director ejecutivo, “todos los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos después del estallido recomendamos una reforma profunda a las policías. Desde inicios de 2023, nos sumamos a la invitación del Gobierno de participar junto con la academia y la sociedad civil, en la mesa de diálogo para abordar este proceso. Desafortunadamente, no existe un avance real para que esta discusión se traduzca en un mejor desempeño policial, ni en un reforzamiento de la obligación de respetar los derechos humanos, mucho menos en una reforma policial”.

Entre los principales cambios recomendados por Amnistía Internacional y que aseguran no han habido “avances sustanciales”, se encuentra la necesidad de “desmilitarizar el funcionamiento y la organización del cuerpo policial, subordinarla al poder civil, acabar con la elusión de responsabilidades por parte de las jefaturas, regular el uso de las armas y rendir cuentas cuando exista uso de la fuerza“.

“Debe entenderse que una reforma a las policías no es un ataque contra ellas sino que contribuiría a que hagan mejor su trabajo, sin duda muy relevante para sociedad chilena en su conjunto”, añadió Bustos.