Tras varios intentos de ganar tiempo: este martes formalizan a general Yáñez por omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social
–El Gobierno de Gabriel Boric había optado por mantenerlo en su cargo pese a la inminente imputación de cargos por parte del Ministerio Público y a los cuestionamientos surgidos desde las organizaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019. La defensa del funcionario de Carabineros había presentado una serie de recursos para aplazar la audiencia, los que fueron rechazados por la justicia.
–Mario Rozas, quien estaba al mando de Carabineros en ese entonces también será imputado por el mismo delito. Recordar que a octubre de 2023, según Amnistía Internacional, los procesos judiciales en contra de policías y militares se encuentran en un escenario “desolador”: “Sólo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las 10.568 denuncias presentadas hasta 2023, han conseguido justicia. Las 27 condenas que existen son un número ínfimo que preocupa”, enfatizaron desde la ONG.
Por: Jimena Améstica Zavala
Poco tiempo antes de que se cumplan cinco años desde el estallido social de 2019, este martes 1 de octubre será formalizado el ahora ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. El Ministerio Público le imputará cargos por el delito de omisión de apremios ilegítimos durante las protestas sociales que se desarrollaron ese entonces a lo largo del país. La defensa del funcionario había presentado una serie de recursos para aplazar la audiencia, los que fueron rechazados por la justicia.
El funcionario policial, que renunció a su cargo el pasado 27 de septiembre, enfrentará a la justicia por su eventual responsabilidad cuando ejercía como director Nacional de Orden y Seguridad bajo el mando de Mario Rozas, que también será formalizado por los mismo cargos, al igual que Diego Olate, exgeneral subdirector.
Yáñez se había mantenido al mando de la institución por determinación del presidente Gabriel Boric, pese a la acusación y a los reiterados cuestionamientos por parte de organizaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de 2019 durante el mandato de Sebastián Piñera.
Víctimas de trauma ocular, torturas y violencia sexual
Según indicó Amnistía Internacional en su informe de 2020, más de 12.500 personas recibieron atención médica de urgencia y más de 70 requirieron hospitalización durante el periodo en que se extendieron las manifestaciones. En detalle, se confirmaron los casos de 347 víctimas de trauma ocular producto del disparo de balines de goma y metal por parte de las policías.
Con ello, el organismo precisó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso 1.370 querellas contra agentes del Estado: 1.145 por torturas y tratos crueles y 179 por tortura con violencia sexual. Sobre las 31 personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones, al menos cuatro murieron por acción de agentes del Estado.
Sobre los procesos judiciales en contra de policías y militares. A octubre de 2023 Amnistía Internacional describió el escenario como “desolador”, argumentando que “sólo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las 10.568 denuncias presentadas hasta 2023, han conseguido justicia. Las 27 condenas que existen son un número ínfimo que preocupa”.
Asimismo, la organización advirtió que las causas por “brutalidad policial” no podrán continuar en investigación debido a la prescripción de los hechos denunciados: “En efecto, de acuerdo al derecho interno, el período de cinco años puede ser utilizado por el Estado para evitar la rendición de cuentas penal de sus agentes en la mayoría de los casos”.
Sobre sanciones administrativas al interior de las instituciones policiales y militares no se responsabilizó a ninguno de los altos mandos hasta la fecha de elaboración de esta investigación y en específico sobre los funcionarios “lejos de sancionar los comportamientos violatorios, éstos fueron no sólo permitidos, sino respaldados por el general director, al expresar que a nadie se daría de baja, independientemente de su actuación. Este respaldo se evidenció en el número de sanciones, el cual fue insignificante en relación con el número de denuncias en la Fiscalía Nacional y el INDH. Ni siquiera se aplicaron sanciones en casos donde el funcionario aceptó su responsabilidad y se identificaron actos de posible encubrimiento”.