Perú: entre la impunidad por crímenes de lesa humanidad y el retroceso del Estado de derecho
En julio de este año entró en vigencia una ley que prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2002. El Congreso y el Ejecutivo aplaudieron su aprobación, mientras que los militares argumentaron que en las décadas de 1980 y 1990 se vivió un “ataque terrorista generalizado y sistemático” contra el que se la sociedad peruana tuvo que “defenderse”. Recordar, que entre los episodios ocurridos esos años se encuentran las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). A esta normativa se suman los pocos avances en el proceso por la llamada masacre de Ayacucho de 2022, donde diez manifestantes fueron asesinadas por policías y militares mandatados por la actual presidenta Dina Boluarte. Todos los cuerpos tenían impactos de bala en la cabeza o el torso.
Por: Redacción El Arrebato
En julio de este año el congreso peruano promulgó la Ley N° 32107 que declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a 2002, es decir, a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
Tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos alertaron durante toda la tramitación de la iniciativa que la norma favorecería la impunidad de decenas de casos de violaciones a derechos humanos en el país, específicamente durante el periodo de conflicto armado interno que abarcó desde 1980 a los 2000.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), explicó que la “ley permite que se revisen y eviten investigaciones sobre casos vinculados a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, esterilizaciones forzadas, torturas, entre otros delitos de alta gravedad. De igual manera, el Ministerio Público expresó su rechazo a la norma, calificándola de jurídicamente inviable y señalando que perjudicaría a más de 600 casos en curso, afectando a miles de víctimas y sus familiares”.
Pese a las oposiciones y desafiando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley y el Gobierno de Dina Boluarte dio luz verde para su promulgación. Según la ONG con sede en Lima, se trató de un “abierto desacato de ambos poderes del Estado peruano a lo ordenado por la Corte IDH, cuya competencia contenciosa ha sido reconocida por el Estado peruano desde hace décadas”.
Esta semana con la noticia de la muerte del expresidente y protagonista de un autogolpe en 1992, Alberto Fujimori, la temática vuelve a ocupar el discurso público cuando se recuerda su lista de crímenes.
Desde la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, (cargo que antes ocupó la expresidenta de Chile Michelle Bachelet), insistió en que esta nueva legislación que prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2002 “contraviene las obligaciones de Perú en virtud de las leyes internacionales y alerta de un contexto de retrocesos en la esfera de las garantías fundamentales en ese país”.
“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”, insistió.
En esta línea, desde el organismo confirmaron que con su entrada en vigencia queda suspendido el proceso judicial en curso al expresidente Alberto Fujimori, y las investigaciones por violaciones a los derechos humanos ejecutados en las décadas de 1980 y 1990, entre ellos las esterilizaciones forzadas de indígenas que afectaron a unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres.
Además, acotaron que “la legislación anulará las sentencias ya dictadas a los casos sucedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien salió de prisión por razones humanitarias el año pasado”.
LOS MILITARES
Generales de División que fueron Jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o Comandantes Generales del Ejército del Perú aplaudieron la iniciativa legislativa asegurando que hace “justicia a los militares y policías que por sucesos ocurridos hace 30 o 40 años abusivamente han sufrido persecución y han sido injustamente procesados por el sistema judicial del Perú”.
Con ello, negaron los crímenes de lesa humanidad que se cometieron previo a 2002, asegurando que “durante décadas algunos magistrados influidos o sometidos por algún poder oscuro de ideologías absurdas amparándose en las ilegales resoluciones de la CIDH o con cualquier otro pretexto simplemente calificaron cualquier supuesto delito como ‘lesa humanidad'”.
En esta línea, argumentaron que en esos años “lo que realmente ocurrió en el Perú fue que la sociedad peruana tuvo que enfrentar y defenderse de un ataque terrorista generalizado y sistemático”.
Recordar que uno de los episodios desatados en dicha “defensa contra el terrorismo” fueron las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). Alberto Fujimori argumentó un supuesto vínculo de las víctimas con Sendero Luminoso. En el primer caso, el grupo Colina, un escuadrón de la muerte perteneciente al Ejército ejecutó a 15 personas, incluyendo a Javier Ríos Rojas de 8 años: se encontraban celebrando una pollada, una de las fiestas más populares del país. Sobre La Cantuta, las víctimas fueron nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tras ser secuestrados, dos de ellos fueron descubiertos en fosas clandestinas días después, los demás permanecen desaparecidos hasta hoy.
MASACRE DE AYACUCHO
La preocupación por los retrocesos de Perú en materia de derechos humanos y del estado de derecho se agudizan cada día y así lo manifiestan organizaciones del país, quienes advierten que la problemática no solo abarca las décadas pasadas, sino que el debilitamiento de las instituciones democráticas se vive con casos recientes.
La llamada Masacre de Ayacucho de 2022 es uno de los episodios donde se alega lentitud de la justicia. Se trata del asesinato, en medio de las protestas sociales de ese año, de diez manifestantes a manos de policías y militares mandatados por la actual presidenta Dina Boluarte.
Si bien, la investigación presentó una serie de avances a nivel local, las indagatorias en contra de Boluarte por parte de la Fiscalía de la Nación no son las esperadas. Hasta ahora, solo se acusó a la mandataria por dos de las diez víctimas. Todos los cuerpos tenían impactos de bala en la cabeza o el torso.
